Deuda externa y fuga de capitales

Este artículo examina la relación entre la deuda externa pública y la salida de capitales durante el gobierno de Mauricio Macri

1) ¿Existe tal relación? Las tesis en disputa.

En el discurso de los políticos y los economistas de Juntos por el Cambio, la deuda emitida por su gobierno no tiene nada que ver con la fuga de capitales. El dinero recibido por la deuda neta emitida, dicen, se utilizó para financiar el déficit fiscal, en tanto la fuga de capitales es el resultado de la arraigada preferencia del ahorrista argentino por ahorrar en dólares antes que en la moneda nacional. Como lo sintetiza Hernán Lacunza: “La deuda es por déficit, la ‘fuga’ por desconfianza en el peso”.[1] Como tanto el déficit como la desconfianza existían antes de que asumieran el gobierno, no se consideran responsables ni de la deuda ni de la fuga.

Por otro lado, los estudios realizados por diversos investigadores subrayan la vinculación entre el endeudamiento externo de la Argentina y la fuga de capitales. Se afirma allí que deuda y fuga han sido dos momentos de un mismo proceso económico, que empieza con una fuerte entrada de capitales (la “lluvia de dólares”), en buena medida canalizada por el endeudamiento público, y termina con la salida de capitales (la “fuga”), que lleva a cabo el sector privado.[2]

En lo que sigue, buscaremos responder a la pregunta arriba planteada sobre la base de un examen de la experiencia argentina de las últimas décadas. Nuestro punto de partida es constatar que, en el último medio siglo, hubo tres ciclos financieros globales que se reflejaron en la Argentina en tres episodios de fuerte endeudamiento seguido por la fuga de capitales: el de la última dictadura militar, el de la Convertibilidad y el del gobierno de Cambiemos. El resultado de esos ciclos fue un incremento simultáneo de la deuda externa del gobierno y de los activos financieros externos del sector privado no financiero. Pero esos ciclos no se generaron en la Argentina, y muchos de los rasgos que muestra la experiencia de nuestro país se repitieron en otros países emergentes. Es entonces preciso enmarcar el caso argentino dentro del ciclo financiero global.

2) El ciclo financiero global y su repercusión en Argentina

Cada ciclo de endeudamiento en Argentina empezó en un marco de fuerte oferta de capitales extranjeros que buscaban en los mercados emergentes oportunidades de ganancias mayores a las que encontraban en sus propios países. A fines de los años 1970 los grandes bancos internacionales buscaban reciclar los abundantes petrodólares. A principios de los años noventa, la abundante liquidez internacional respondía a las políticas monetarias expansivas que los países desarrollados adoptaron para responder a sus crisis financieras (quiebras de asociaciones de ahorro y crédito en Estados Unidos, derrumbe bursátil en Japón y crisis del Sistema Monetario Europeo).

A partir de la crisis financiera de 2008-2009, las autoridades monetarias de los países desarrollados emitieron moneda como nunca antes para sostener sus sistemas financieros, rescatar deudores en dificultades y favorecer la recuperación del crecimiento económico. Las políticas monetarias expansivas se han moderado ocasionalmente, pero se mantuvieron en sus grandes rasgos, e incluso se acentuaron en ocasión de la pandemia de COVID-19.

Es así como, a fines de 2015, Macri se encontró con un Estado con muy bajo endeudamiento externo y una situación de abundante liquidez internacional. Le bastó con aceptar las condiciones de los fondos buitre y del poder judicial de Nueva York para convertir a la Argentina en el país que más crédito externo tomaría en los dos años siguientes.

En el ciclo-tipo que se verificó en muchos países emergentes, la entrada masiva de capitales tiene, en una primera etapa, un efecto expansivo, y no solamente por el mayor gasto de los agentes que toman deuda externa. En efecto, la moneda nacional se aprecia, con lo que disminuye la inflación, se monetiza la economía y mejoran los salarios reales. Al mismo tiempo, el crédito interno se expande, y se valorizan los activos financieros e inmobiliarios. Todo ello contribuye a un aumento del consumo y al crecimiento del PBI, que a su vez mejoran las cuentas fiscales por el incremento de los ingresos tributarios.

Es así como, en Argentina, el PBI creció un 7% en 1979, y aumentó un 8% en promedio anual entre 1991 y 1994. Pero como las entradas de capital se destinaban principalmente al negocio financiero (carry-trade en inglés, bicicleta en la jerga local), no generaron un aumento de la inversión en los sectores transables que permitiera repagar más adelante la deuda que se tomaba.

Notemos que entre 1976 y 1979, años en los que nace el actual problema de la deuda externa (aumentó de 7,9 mil millones de dólares a fines de 1975 a 19 mil millones a fines de 1979), la Argentina tuvo un excedente en su balanza comercial de bienes y servicios. Una vez que se acumuló esa deuda, el brusco aumento de las tasas de interés externas a partir de fines de 1979 acrecentó la carga de la deuda y creó una necesidad de financiamiento: había que emitir deuda para pagar intereses.

Es un ejemplo en donde la deuda no fue, en un principio, “hija del déficit” (como repiten hoy los responsables de Juntos por el Cambio). Es más preciso decir que la deuda, impulsada por la oferta de créditos de la banca internacional, generó o profundizó un déficit, tanto externo como fiscal, que a su vez requirió la colocación de nueva deuda.

Durante la segunda etapa del ciclo financiero, empiezan a acumularse tensiones. El tipo de cambio atrasado afecta la rentabilidad de las exportaciones y lleva a un aumento de las importaciones de bienes y del turismo en el exterior. El déficit comercial creciente y la acumulación de deuda aumentan el riesgo de insolvencia. En un primer momento, los capitales siguen viniendo si se les paga tasas de interés cada vez más altas. Pero las tasas de interés elevadas afectan la solvencia de las empresas y empujan la economía a la recesión. El déficit fiscal aumenta entonces por dos razones: por las mayores cargas financieras y porque la recesión económica contrae la recaudación impositiva.

En ese momento, los inversionistas – extranjeros y locales – estiman que llegó la hora de convertir sus colocaciones financieras en dólares y retirar los capitales.

Se pasa entonces a la tercera fase, la de los intentos desesperados para evitar la devaluación: Martínez de Hoz se aferró a su tablita cambiaria, Cavallo y de la Rúa a la Convertibilidad, y Macri trató de llegar a las elecciones de 2019 con el dólar y los precios bajo control. En todos esos casos era preciso mantener la entrada de capitales.

En 1980, pese a la crisis bancaria de marzo y abril de ese año, los inversionistas extranjeros siguieron prestando durante varios meses a tasas de interés crecientes y con la garantía de los depósitos que los prestatarios ya poseían en el exterior (préstamos back to back). Cuando el sector privado local no quiso tomar más deuda, quedó el Estado como prestatario en última instancia. Martínez de Hoz obligó a las empresas públicas a que se endeudaran en dólares; éstas los vendían baratos al BCRA, que a su vez los entregaba al sector privado para que los sacara del país.

Llega un momento en el que los bancos e inversionistas extranjeros privados no quieren prestar más, por elevada que sea la tasa de interés. Sólo quedan entonces las fuentes oficiales de crédito. De la Rúa recurrió al FMI, el Banco Mundial, el BID y el gobierno de España para constituir su “blindaje” de diciembre de 2000 (19.700 millones de dólares).

Macri, por su parte, acordó un programa con el FMI en abril de 2018 por 50 mil millones de dólares, ampliado poco después a 57 mil millones. En ambos casos, los dólares se utilizaron para frenar por un tiempo la devaluación: se vendieron en el mercado cambiario, para que los acreedores externos repatriaran sus préstamos y para que el sector privado local alimentara sus activos externos. Pasivos públicos, activos privados.

Cuando finalmente colapsan los programas económicos neoliberales, la devaluación incrementa fuertemente el peso de las deudas emitidas en moneda extranjera. Como el Estado es el principal deudor, las cuentas fiscales se deterioran de manera dramática.

En los años 80, la deuda pública creció todavía más debido al mecanismo de los seguros de cambio que transfirieron gran parte de la deuda privada al sector estatal. He ahí otro ejemplo en donde la deuda pública crece, y mucho, por razones diferentes al financiamiento de un déficit fiscal.

2) Endeudamiento público y fuga de capitales durante la administración de Macri

3.1 Endeudarse en dólares para gastar en pesos…

Volvamos a la frase antes citada de Hernán Lacunza, y veamos si es posible disociar endeudamiento público y fuga de capitales a la luz de la experiencia de gobierno de la que fue parte. Para ello, es preciso entender el papel que jugó el endeudamiento público dentro de la política macroeconómica del anterior gobierno.

El gobierno de Macri adoptó una política fiscal “gradualista”, que en esencia difería cualquier ajuste fiscal. Por el contrario, redujo impuestos directos y contribuciones patronales, al tiempo que ampliaba algunas transferencias sociales. Así, el déficit del Sector Público no Financiero (que incluye Administración Central, Provincias, empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes) aumentó durante el gobierno de Macri.

Ese déficit ya había crecido durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, desde 2,3% del PBI en 2012 a 4,7% en 2015. Pero luego saltó a 6,4% del PBI en 2016, 6,5% en 2017, 5,8% en 2018 y 4,3% en 2019. “Deuda o ajuste” era la respuesta a quienes se inquietaban con el aumento acelerado del endeudamiento público. Y dentro del menú de deuda, se privilegió la deuda externa y en dólares.

Se puso en marcha un mecanismo perverso. El Tesoro emitía bonos de deuda en moneda extranjera y con jurisdicción foránea. Como en gran medida los destinaba a financiar su gasto en pesos, cambiaba los dólares obtenidos en el Banco Central, que al adquirir dólares emitía base monetaria y acumulaba reservas. Se menospreciaba el riesgo cambiario de acumular deuda en moneda extranjera aduciendo que, en caso de devaluación, las reservas se revaluarían por un monto equivalente (el problema, como veremos, es que gran parte de esas reservas se disiparon).

Como esta forma de financiamiento colisionaba con la política monetaria del Banco Central, éste colocaba letras (LEBAC, y luego LELIQ) para esterilizar la emisión realizada al adquirir las reservas. Los intereses pagados sobre esas letras eran muy superiores a los cobrados por las reservas internacionales (en general cercanos a cero). En el estado de resultados del BCRA se observa el peso de los intereses que debió pagar esa institución sobre los títulos que emitió. Expresados en porcentaje del PBI, crecieron desde 1,3% del PBI en 2015 a 1,9% en 2016, 2,0% en 2017, 2,6% en 2018 y 5,0% en 2019.

Tales intereses eran un importante factor de emisión monetaria del BCRA, que el propio Banco esterilizaba con nuevas colocaciones de deuda. De este modo, las elevadas tasas de interés inflaban activos en pesos de corto plazo en manos de inversionistas que podrían presionar sobre las reservas en cuanto quisieran cambiar los pesos por dólares (como ocurrió).

Podría uno preguntarse por qué era preciso emitir deuda pública externa, pudiendo endeudarse en pesos dentro del país. En efecto, el Tesoro puede recibir financiamiento del BCRA vendiéndole títulos públicos en vez de divisas. En ambos casos hay una emisión monetaria del Banco Central, que esa institución puede esterilizar con LEBACs y LELIQs, como de hecho hizo. Debería para ello levantarse las restricciones legales (la Carta Orgánica del Banco Central fija límites a tal financiamiento), pero para eso están los DNU, que Macri utilizó sin complejos.

Si el resultado en términos monetarios era el mismo, ¿por qué emitir deuda externa? La razón es que se precisaban dólares para cubrir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y … para poder fugarlos. Así, la respuesta a la pregunta “¿en qué se utilizó el dinero de la deuda externa emitida por el gobierno?” tiene dos aspectos. Hay que seguir la pista de los pesos y la de los dólares. Como veremos, la emisión de deuda externa sirvió a la vez para que el gobierno cubriera gastos corrientes en pesos y para que el sector privado evadiera capitales.

3.2 … y para fugar los dólares

¿En qué se utilizaron los dólares? ¿Y quién los utilizó? Para responder a esas preguntas, es preciso examinar los datos de la balanza de pagos.

El gráfico 1 muestra la composición “funcional” de los flujos de la balanza de pagos. Está por una parte el saldo de las operaciones corrientes (comercio de bienes y servicios, pago neto de intereses y dividendos, etc.), y por la otra los distintos movimientos de capital: inversión extranjera directa neta, emisión de distintos tipos de deuda, adquisición de activos en el exterior y variación de las reservas internacionales. Los valores positivos corresponden a las fuentes de divisas, y los negativos a su uso.

Gráfico 1. Argentina: Balanza de pagos por categoría funcional, primer trimestre de 2016 a cuarto trimestre de 2019 (en millones de dólares corrientes)

Fuente: INDEC, Dirección nacional de Cuentas Internacionales.

El gráfico 2 clasifica las operaciones activas (compra de activos externos, que significa una salida de divisas) y pasivas (colocación de deuda en el exterior, con entrada de divisas) según el tipo de agente que las realizó: el Banco Central, el gobierno general, las “sociedades captadoras de depósitos” (es decir, los bancos) y los “otros sectores”, que corresponden en lo esencial al sector privado no financiero (empresas y particulares).[3]

Gráfico 2. Argentina: Balanza de pagos por sector institucional, primer trimestre de 2016 a cuarto trimestre de 2019 (en millones de dólares corrientes)

Fuente: INDEC, Dirección nacional de Cuentas Internacionales.

El gráfico 1 permite identificar dos etapas en el gobierno de Cambiemos. En la primera, que va del primer trimestre de 2016 al primer trimestre de 2018, la principal fuente de divisas es la “emisión de pasivos de cartera” en los mercados internacionales. Sumada a la “emisión de otros pasivos” (que incluye los créditos de organismos multilaterales y de la banca internacional), la colocación de deuda acumula en esos dos años la friolera de 104 mil millones de dólares, frente a, por ejemplo, 14 mil millones de la inversión extranjera neta. El gráfico 2 nos muestra que fue el gobierno general quien emitió la mayor parte de esa deuda (76 mil millones de dólares). Si agregamos los 9 mil millones colocados por el Banco Central, el sector público argentino (excluyendo las empresas públicas) explica el 82% de la deuda externa emitida en este subperíodo.

En cuanto a los usos de las divisas, observamos que el principal fue financiar el déficit de la cuenta corriente (56 mil millones de dólares), seguido por la acumulación de reservas del BC (35 mil millones). La salida de capitales, registrada como “adquisición de activos de cartera” y “adquisición de otros activos”, llega a 28 mil millones de dólares. El gráfico 2 nos informa sobre quién retiró esos capitales: allí vemos que la compra de activos de los “otros sectores” (i.e. el sector privado no financiero) suma 31 mil millones de dólares.[4]

La segunda etapa empieza con la crisis del segundo trimestre de 2018 y va hasta diciembre de 2019. Se caracteriza por un brusco cambio en las fuentes de divisas. Se trata ahora, en lo esencial, de la “emisión de otros pasivos” por 61 mil millones de dólares (incluye el préstamo del FMI) y del uso de las reservas internacionales (16 mil millones de dólares); la inversión extranjera directa neta sigue en importancia con 12 mil millones. En cambio, desaparece la colocación de “pasivos de cartera”, o mejor dicho se torna negativa: se cancela más deuda de cartera de la que se emite. Quien más se endeudó para traer dólares fue, una vez más, el gobierno general: 41 mil millones netos en menos de dos años.

El gráfico 1 muestra que el principal uso que se dio a esas divisas fue la fuga de capital. Ésta transitó principalmente por la “adquisición de activos de cartera” y la “adquisición de otros activos”, que suman 58 mil millones de dólares, a los que se agregan 9 mil millones por la ya mencionada cancelación neta de pasivos de cartera. Le sigue en importancia el financiamiento del déficit de la cuenta corriente, si bien disminuyó a 21 mil millones de dólares debido a que la crisis económica comprimió las importaciones. El gráfico 2 muestra que fue el sector privado no financiero quien fugó aquellos capitales: su adquisición de activos externos llegó a 58 mil millones de dólares en este subperíodo.

En síntesis, durante el gobierno de Cambiemos se colocó deuda externa (neta de amortizaciones) por 156 mil millones de dólares, en su gran mayoría emitida por el sector público (el gobierno general emitió 116 mil millones y el Banco Central 13 mil millones). La otra fuente significativa de divisas, la IED, tuvo un impacto mucho menor (27 mil millones de saldo positivo). En lo esencial, esas divisas fueron utilizadas para cubrir el déficit en cuenta corriente (77 mil millones) y para que el sector privado fugara capitales (89 mil millones). Las dos terceras partes de esa fuga se producen a partir del segundo trimestre de 2018, que es cuando interviene el FMI.

3) El (des)manejo de la crisis en la cercanía de las elecciones

El gobierno de Macri no siguió exactamente las distintas fases del ciclo financiero que describimos en el punto 2), esencialmente porque no conoció un auge inicial comparable al de los ciclos anteriores: apenas un crecimiento de 2,7% en 2017.

Esto se debió a la fuerte devaluación con la que Macri empezó su gestión, que aceleró la inflación e impidió que la abundancia de capitales se transformara de inmediato en una expansión de la demanda interna. Pero sí vemos que en abril de 2018 se inició la tercera fase, aquella en la que el Estado se endeuda masivamente para permitir la fuga de capitales privados. Para ello recurrió al FMI, que concedió en brevísimo plazo un préstamo Stand-by por un monto de 13 veces la cuota de la Argentina, muy superior al tope máximo de 4,35 veces que fijan sus normas.

En su actual versión de los hechos, Macri nos dice que “el Fondo nos prestó para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por el miedo de que volviese el kirchnerismo.”[5] Nos enteramos que, en abril de 2018, el gobierno perdió el acceso al crédito externo privado, no por el sobreendeudamiento en el que ya había incurrido, no por los elevados déficits externo y fiscal ni porque su política macroeconómica fuera inconsistente, sino porque los mercados financieros temían el regreso de un kirchnerismo que acababa de ser derrotado en las elecciones parlamentarias.

En realidad, al momento de cerrar el acuerdo con el FMI, se afirmó que el préstamo era de carácter precautorio: el objetivo no era utilizar los fondos, sino recuperar la confianza de los inversionistas. Muy rápidamente, empero, se emplearon esos fondos para el repago de las deudas privadas. Después de algunos conflictos acerca del uso de los recursos del FMI para regular el tipo de cambio, el Fondo autorizó la intervención del Banco Central en el mercado cambiario con el fin de frenar la depreciación del peso. El BCRA entregó así divisas a cambio de pesos, dando lugar a la forma más evidente de la “fuga de capitales”.

El préstamo del FMI no tenía nada que ver con el financiamiento del déficit fiscal: era un endeudamiento destinado a evitar una crisis cambiaria y financiera antes de las elecciones presidenciales de octubre de 2019, como lo confirmó el entonces director ejecutivo en el FMI en representación de los Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone.[6] Más aún, se anticiparon los desembolsos previstos para 2020 y 2021, de manera que el 88% del crédito fuese entregado durante la primera mitad del programa, esto es antes de las elecciones.

Las cifras del tercer trimestre de 2019 muestran que se había llegado al estadio terminal del ciclo financiero: en ese período el sector privado no financiero fugó 17 mil millones de dólares y las reservas internacionales cayeron en 15 mil millones.

Para tratar de moderar la demanda de dólares, a fines de agosto el gobierno reperfiló de manera unilateral los vencimientos de la deuda pública a corto plazo, postergando el grueso de los vencimientos para el año entrante.

Una medida de este tipo es muy inusual: los gobiernos evitan entrar en default con su deuda interna de corto plazo, que es la que más necesita para su normal funcionamiento.[7] También evitan incumplir el servicio de su deuda en moneda nacional, ya que tal default siempre se puede evitar, existiendo un Banco Central capaz de financiar al Tesoro. Es por ello que los mercados financieros consideran que un default de deuda pública en moneda local es “voluntario” (a diferencia del que surge de una fuerza mayor), y catalogan al Estado que incurre en él como deudor de mala fe.

Los responsables de esa medida la justifican hoy aduciendo que con la inyección de liquidez que significaban esos vencimientos, la demanda de dólares hubiera agotado las reservas y desencadenado una devaluación aún más fuerte, con sus secuelas de inflación y recesión.

Sin embargo, existía una medida alternativa para evitar esa devaluación: el control de cambios. Podría haberse limitado sin más demoras la compra de dólares (“cepo”), que de todos modos aplicarían pocas horas después de concluida la elección. Pero esa medida resultaba impopular para los grupos sociales cuyos votos el gobierno quería conservar.

Tras un mes más de hemorragia de reservas (octubre) para llegar a las elecciones presidenciales, el propio Macri decretó el “súper cepo”: la limitación de la compra de divisas para “ahorro” o turismo a 200 dólares por mes y por persona. La demora en controlar la salida de capitales permitió la fuga de otros 9 mil millones de dólares en el cuarto trimestre, que llevó a una caída en las reservas por otros 5 mil millones de dólares.

Así, tanto cuando endeudó al país con el FMI como cuando incumplió con la deuda pública de corto plazo, Juntos por el Cambio puso a sus intereses electorales por delante de los intereses nacionales.

4) Reflexiones finales

La tendencia a la fuga de capitales es un problema muy serio de la economía argentina, y sin duda tiene que ver con el bajo nivel de demanda de activos financieros internos. Las colocaciones en el sistema financiero local, sumando las que están en moneda nacional y en moneda extranjera (M3), no llegaban al 17% del PBI a fines de 2020, comparado con entre 75% y 115% del PBI en México, Brasil y Chile.

Esta aparente anomalía se explica porque el sector privado no bancario argentino posee la mayor parte de sus activos financieros fuera del sistema financiero local, en la forma de colocaciones en el extranjero o de billetes en cajas fuertes y domicilios particulares.

El INDEC estima que, al primer trimestre de 2021, este sector posee algo más de 233 mil millones de dólares de activos externos clasificados como “otra inversión” (presumiblemente depósitos bancarios y billetes), a los que se suman 74 mil millones de dólares como inversión de cartera y 41 mil millones de inversión directa en el exterior. Si sumamos los 233 mil millones de activos financieros líquidos en el exterior, que representan 56% del PBI, al M3 ubicado en el sistema financiero local, alcanzamos un nivel de monetización comparable al de nuestros vecinos latinoamericanos.

No escapará al observador que el monto de la “otra inversión” privada en el exterior se asemeja (en realidad la excede en un 23%) al stock de deuda pública externa, que llega a 190 mil millones de dólares. Como surge del análisis propuesto en este trabajo, no se trata de una casualidad: la forma en que la economía argentina funcionó dentro del ciclo financiero global hizo que las salidas de capital privado se alimentaran principalmente (pero no exclusivamente) del endeudamiento público. La administración de Macri es, en ese sentido, un excelente ejemplo.

Una política económica que busque romper con este funcionamiento macroeconómico precisa combinar una pluralidad de instrumentos. Aquí solamente los mencionaremos.

Un factor esencial consiste en recuperar el sistema financiero local en su rol de canalizador del ahorro local.

Para lograrlo, también es central revisar la función de nuestro sistema bancario en la distribución del crédito. Para que el crédito interno se canalice hacia usos productivos y no a la especulación financiera y la compra de dólares, es necesario orientar el crédito hacia los empresarios y las familias que quieran usarlo para invertir, comprar una vivienda o financiar un consumo durable. Ofrecer ese tipo de crédito es la forma más eficaz de atraer ahorro al sistema local.

Por otra parte, es preciso limitar el impacto del ciclo financiero global en la economía argentina. Para ello, los gobiernos deben atenuar ese impacto a través de los controles de capital, pero como esos controles nunca son totalmente efectivos, también deben aplicar políticas contracíclicas para compensar los efectos indeseados de sus movimientos.

Estos controles se refieren tanto a la entrada como a la salida de capital. Por una parte, es importante ser selectivo con el tipo de capitales que se desea recibir en el país: acoger el capital vinculado con la producción, y desalentar los flujos especulativos que desestabilizan nuestra macroeconomía.

Y, por otra parte, el control de cambios para administrar la salida de capitales privados es una herramienta que deberemos utilizar, con mayor o menor intensidad, hasta que hayamos avanzado suficientemente en los demás puntos antes mencionados.

NOTAS

[1] Véase su columna de opinión en Perfil del 28 de agosto de 2021. [2] Véase en particular Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla), Catálogos, Buenos Aires, 1999; La deuda exterior de la Argentina, Informe de la mayoría de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y Pago de la Deuda Externa de la Nación, presidida por Eric Calcagno, diciembre de 2015, publicado por Catálogos, Buenos Aires, 2019; y Eduardo Basualdo (comp.), Endeudar y fugar, Siglo XXI, México DF y Buenos Aires, 2017. [3] Recordemos que el gobierno general consiste en la administración central y los gobiernos provinciales y municipales, pero no incluye a las empresas públicas, que se registran con los “otros sectores”. [4] Hay sólo un trimestre, el cuarto de 2016, que registra una repatriación de activos, como resultado del “blanqueo” de capitales. [5] Entrevista televisiva con Joaquín Morales Solá, Canal Todo Noticias, 16 de agosto de 2021. [6] Véase el artículo de Román Lejtman en Infobae del 28 de julio de 2020. [7] Véase Lee Buchheit, Guillaume Chabert, Chanda de Long and Jeronim Zettelmeyer, How to restructure sovereign debt: lessons from four decades. Peterson Institute for International Economics, Working paper 19-8, mayo de 2019.